El Proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local determina en la práctica que los ayuntamientos no podrán llevar adelante programas de intervención social y cooperación al desarrollo si no tienen superávit ó les cede las competencias y la financiación la Comunidad Autónoma. Un paso más en la conversión de lo público en un producto de inversión en el que todo lo que no sea económica rentable a corto plazo está prohibido, caiga quien caiga (los más débiles) y aunque el resultado a largo plazo (desequilibrio e inestabilidad social) sea un desastre previsible.
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